El 18,7% de los adultos andaluces sufre obesidad, una cifra que crece hasta el 22,5% entre los niños. Ante esta realidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para fomentar una vida saludable y frenar la obesidad. “Es una norma pionera en España, aunque tiene sus antecedentes en otras normas de ámbito estatal y autonómico”, ha precisado el consejero de Salud, Aquilino Alonso, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. El texto contempla, entre otras medidas, fomentar los menús saludables en los comedores escolares, promover entre los menores la necesidad de realizar cinco horas semanales de ejercicio físico u obligar a los restaurantes a ofrecer gratuitamente a sus clientes agua.
Siguiendo las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud y elaborada con la participación de 250 personas, la futura ley establece también la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los restaurantes; poder comprar alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de cada familia; habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores y garantizar el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos. Alonso ha destacado que Andalucía es la primera comunidad que regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población más desfavorecidos socialmente.
En el ámbito educativo, el texto marca a los centros escolares un plazo máximo de cuatro años para establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas semanales de actividad física. “Ya sean escolares o extraescolares”, ha explicado el consejero. En esta línea, se fomentarán los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio. Asimismo, una medida clave de la futura norma será la de garantizar el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil. De este modo se promoverá la dotación de fuentes en estos espacios y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimenticios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos.
El anteproyecto incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores o generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad. El Consejo Audiovisual de Andalucía será el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa. El texto también limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, tener un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o contener cafeína u otras sustancias estimulantes.
Alonso ha explicado que en el último apartado del anteproyecto se contemplan las sanciones a quien incumpla la ley como falta leve, grave o muy grave, y que supondrán sanciones económicas. “No obstante, el objetivo no es punitivo, sino que ante un problema de salud pública mundial lo que pretendemos es generar debate y que podamos educar a la gente en un consumo responsable”, ha asegurado. Así, la normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o con desequilibrio del aporte calórico, o el uso de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares añadidos. También se castigará la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores o la inobservancia de las medidas de oferta relativas a la accesibilidad gratuita a agua potable en los términos establecidos en esta ley, entre otros.
Por otro lado, la futura ley regulará la elaboración de Cartas de compromiso y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades públicas y privadas que promueven los hábitos de vida saludables entre su personal.